Ante la reciente polémica surgida en torno a la compra del Banco Popular por el Banco Santander al precio de 1 euro y teniendo en cuenta la pérdida absoluta de valor de las acciones del primero, me dirijo a usted para trasladarle nuestra preocupación como organización que representa y defiende de manera independiente los derechos de los consumidores y usuarios, también en materia de servicios bancarios.
No obstante, OCU está especialmente preocupada por los accionistas minoritarios que son tratados en este proceso de resolución bancaria, realizada en la noche del 6 al 7 de junio previo a esta venta, de igual forma que los institucionales, de manera que han perdido todo su dinero.
OCU recuerda que los accionistas han sido ajenos a las dificultades que haya experimentado el consejo de la entidad y del proceso de resolución bancaria. Si invirtieron en acciones del Banco Popular fue confiando en una información auditada, pública y supervisada que se ha revelado bastante alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes cifraba en 10.777 millones el valor patrimonial de la entidad, según documentos registrados en la CNMV (
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={d59209c7-26dd-4458-9804-a5d6f0fa007a})
Además, fue el propio señor Ministro de Economía quien el pasado 19 de abril, en un encuentro con el sector financiero al que acudieron distintos medios de comunicación, afirmaba que “Popular no tiene problemas de solvencia ni de liquidez” y que el “Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas”. OCU considera inaceptable que de la noche a la mañana sus accionistas crean que la entidad tenía un valor de 10.777 millones en libros (unos 1.400 según el mercado bursátil) y se encuentren hoy con sus acciones amortizadas con un valor de cero euros, tras descubrirse por el FROB que en realidad hay un agujero contable por valor de 2.000 millones de euros, que podría alcanzar los 8.200 millones a falta de una valoración final.
OCU recuerda que la entidad estaba supervisada por el Banco de España y sus cuentas auditadas por un organismo independiente.
Ante esta situación, OCU solicita al Ministerio de Economía un arbitraje o mecanismo extrajudicial inmediato que aporte una solución lo más rápida y económica posible a los miles de perjudicados, al estilo del auspiciado por la Administración ante los abusos de las “cláusulas suelo”. De esta manera, evitaríamos la judicialización de este nuevo escándalo, ahorrando tiempo y dinero a los pequeños accionistas.
