ras seis años de prórrogas [h=1]El Gobierno deja sin paracaídas contable a las inmobiliarias[/h] Decide no prorrogar el decreto que les permite no computar las pérdidas por deterioro de activos y que puede abocar a la disolución a muchas
Se avecina una caída a plomo de parte de las inmobiliarias que a duras penas han resistido, primero, la crisis económico-financiera y, luego, la propia del sector. El Gobierno les ha dejado sin el paracaídas contable que venía prorrogando los últimos seis años para facilitar la digestión pesada de todo el patrimonio que tuvieron que 'comerse' por falta de demanda.
Hablamos del Real Decreto Ley 10/2008, desconocido para la mayoría de los ciudadanos aunque erigido en verdadera tabla de salvación para gran parte de las empresas que viven del 'ladrillo' en España. Aprobado por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se empezaban a ver las orejas al lobo de la crisis, dicha norma alivia sobremanera su balance anual al permitirles que no se tengan en cuenta las pérdidas derivadas del empeoramiento de sus inversiones inmobiliarias.
En concreto, su disposición adicional única establecía que «a los solos efectos de determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada... no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales». Y puntualizaba tres supuestos que quedarían fuera de la actualización forzosa de su valor : el inmovilizado material, las referidas inversiones inmobiliarias y las existencias.
El año pasado añadió dos nuevos escenarios a la lista de deterioros excluidos temporalmente de las cuentas anuales: los préstamos y las partidas a cobrar. Abría así el abanico de compañías que podían beneficiarse de esa salvedad normativa, hasta ahora dirigida casi en exclusiva a las inmobiliarias, de modo que cualquier empresa que hubiera tenido que provisionar menoscabos sobre sus créditos (fueran o no operaciones comerciales) dejaría de hacerlo.
Unas y otras han ido logrando salvar de esa forma ciertos preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y también de la Ley Concursal. Para el resto, sin embargo, si su patrimonio neto estaba por debajo de los dos tercios de su capital social y en un año no recuperaba el equilibrio, debía disminuir el referido capital en la cuantía que fuera necesaria. Eso para las sociedades anónimas, pues el límite general se fijaba en el 50% y por debajo del mismo la empresa entraría en causa de disolución.
La tesis del Gobierno, que al final ha dejado morir el decreto -la última prórroga expiraba en marzo y simplemente se ha limitado a no renovarlo otro ejercicio, sin hacer comentario alguno al sector-, es que los últimos cambios introducidos en la normativa concursal incluyen más opciones para evitar la desaparición de empresas. El problema es que están más bien relacionadas con el presupuesto de insolvencia, es decir, la situación de un deudor que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones en vez de con el deterioro del valor de sus activos.
«Razonable preocupación»
Por eso, en el negocio inmobiliario mantienen una «razonable preocupación». Tanto las dos principales asociaciones territoriales de promotores (Madrid y Barcelona), como su patronal nacional (APCE), coinciden en que el sector «no está todavía suficiente capitalizado como para resistir los efectos de que no haya prórroga». Aunque en alguna aún albergan la esperanza de que el Ejecutivo todavía pueda reconsiderar su situación, ya empiezan a hacer números sobre la nueva situación contable.
Y menos mal que todos los indicadores (compraventas, hipotecas, precios, visados de obra...) apuntan a una recuperación incipiente del 'ladrillo' en España, donde la vivienda supone ahora poco más del 43% del negocio total de la construcción. El Banco de España afirmaba sobre ello hace poco que «el ajuste, en principio, se ha completado ya».
Sin embargo, tanto las grandes inmobiliarias -Reyal Urbis (en un concurso de muy difícil solución), Quabit, Vallehermoso, Nozar...- como las 'pymes' deben su viabilidad a las prórrogas disfrutadas estos años. Colonial se antoja la excepción por la reorganización de su negocio, centrado en la gestión y no la venta.
Muerto el decreto, lo previsible es que los 'números rojos' engorden y apenas haya cuatro escenarios posibles: negociar con la banca y otros acreedores para refinanciar la deuda, aumentar capital -si es que llegan nuevos inversores-, declararse en concurso o, directamente, ir a la liquidación, un pozo en el que ya cayó este año Martinsa-Fadesa.
