TERCER ANIVERSARIO DE LA INTERVENCIÓN DEL BANCO
POPULAR: PERSPECTIVAS PARA LOS INVERSORES AFECTADOS
Este domingo 7 de junio se cumplen tres años desde esa madrugada en que la Junta
Única de Resolución y el Mecanismo Único de Resolución de la Unión Europea
tomaron la decisión inapelable de confiscar todas y cada una de las acciones, bonos y
deuda subordinada del Banco Popular, ordenando al FROB la ejecución y liquidación
del banco. El valor bursátil de la entidad era entonces de 1.330 millones de euros, con
más de 305.000 accionistas. Sin embargo, fue adjudicado al Banco Santander por el
simbólico precio de 1 euro. Se consumó así, con nocturnidad y alevosía, el mayor
expolio legal (en una expropiación, al menos, se hubiese fijado un justiprecio para los
afectados) jamás visto en el sistema financiero nacional. Cientos de miles de accionistas
e inversores que se acostaron como propietarios de unas de acciones a un precio bajo
pero al fin y al cabo realizable de forma inmediata, se levantaron descubriendo por la
prensa de que sus acciones, no es que valiesen poco o nada, sino que ya ni siquiera
eran suyas. Un banco que había sido el más rentable del sistema europeo pasó a no
valer nada y cambiar de propietarios por Decreto-Ley.
Tras el escándalo de la salida a bolsa de Bankia, ésta es la mayor causa financiera que
ha conocido nuestro país. Sin embargo, al igual que sucedió con la caja madrileña, en
este tercer aniversario de la liquidación del Banco Popular ya podemos afirmar que los
tribunales de justicia están reparando la injusticia que se realizó con los accionistas
minoritarios afectados. Las reclamaciones particulares e individuales del pequeño
inversionista afectado ante los tribunales civiles empiezan a decantar una solución clara,
al menos para los que acudieron a la ampliación de capital de 2016 y a todas las
adquisiciones posteriores a dicha ampliación hasta el momento mismo de la
intervención. Hoy se cuentan por centenares las sentencias judiciales recaídas en los
tribunales de primera instancia que declaran nula la compra de acciones del Popular
desde la ampliación de capital realizada en 2016 hasta el mismo día 6 de junio del año
siguiente debido a la falsedad de las cuentas presentadas por el banco a los
compradores de sus acciones. Todas esas sentencias condenan al banco –ahora, Banco
Santander- a devolver todo el capital invertido con sus correspondientes intereses
legales. Y esto incluso en el caso de acciones compradas en el mercado secundario a
través de un tercero ajeno al banco. En este sentido se han pronunciado también lapráctica totalidad de la Audiencias Provinciales de nuestro país, salvo las de Asturias y
Cantabria, que rechazan la devolución del patrimonio al inversor agarrándose a lo que
nosotros estimamos que es un error evidente: la consideración de que la ley de
resolución de entidades bancarias ampara la pérdida de todo el capital. No han querido
entender estas Audiencias que el error o el daño no está provocado por la resolución
en sí, amparada por la ley, sino por el engaño previo del banco con el falseamiento de
sus cuentas.
La inmensa mayoría de jueces de nuestro país subrayan en sus fallos que existía una
"notable diferencia" entre la verdadera situación patrimonial y financiera del Banco
Popular y la expresada en el folleto de la oferta pública de esas acciones. Ha quedado
acreditado que la información facilitada por el Banco Popular en los folletos de emisión
de su ampliación de capital no se ajustaba a la realidad. Y que los estados financieros y
contables de la entidad no eran correctos porque presentaban una imagen de solvencia
y fortaleza equivocada que fue clave para generar confianza en los inversores.
Todo ello, nos hace confirmar lo que ya hace tres años presumíamos: el ‘caso Popular’
se ha convertido en un nuevo ‘caso Bankia’. El tratamiento jurídico que se está dando a
los asuntos de la entidad liquidada hace dos años empieza a ser prácticamente igual al
que vimos en los procesos judiciales que se tramitaron contra la antigua caja madrileña.
Poco a poco, se va haciendo más y más evidente que los inversores fueron engañados
y que la justicia está claramente dispuesta a darles la razón.
