Bruselas exige a Rajoy que cambie los Presupuestos de 2016 porque incumplen el d

[loquememandan]

La Comisión Europea pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy la semana que viene que introduzca recortes extra durante la fase final de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Bruselas considera que las cuentas públicas españolas incumplen las recomendaciones de la UE y que no permitirán alcanzar los objetivos pactados de reducción del déficit público.
Si Rajoy decide ignorar este aviso, disuelve las Cámaras y se presenta a las elecciones con el actual proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo comunitario sopesa proponer ya en noviembre sanciones para España por déficit excesivo, según ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo. Las sanciones podrían alcanzar un máximo del 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.000 millones de euros.
“La Comisión publicará la semana que viene una opinión muy crítica con los Presupuestos españoles de 2016 e invitará al Gobierno y al Parlamento a hacer modificaciones”, ha señalado el alto funcionario. “No estamos satisfechos porque no se ajustan a las recomendaciones” de la UE para corregir el desfase presupuestario, ha agregado.
Tras evaluar el proyecto español de cuentas públicas, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que las previsiones económicas que maneja el Gobierno de Rajoy son “demasiado optimistas”. Esta euforia excesiva afecta no sólo a los datos de crecimiento sino también a las previsiones de ingresos, mientras que los gastos están infravalorados.

Las dudas de Bruselas afectan ya al actual ejercicio 2015. Calcula que el déficit público se situará este año entre el 4,5%-4,6% del PIB, en lugar del 4,2% que el Gobierno español ha acordado con sus socios europeos. El Ejecutivo comunitario acaba de revisar al alza su previsión de crecimiento para España. La sitúa en el 3% del PIB, dos décimas más de lo que había calculado en primavera. Pero ni con esta mejora se podrán cumplir los objetivos presupuestarios. La cifra de la Comisión sigue siendo en todo caso más pesimista que el 3,3% que el Ministerio de Hacienda utilizó como base para elaborar los Presupuestos.
Además, el déficit de España en 2014 se ha revisado al alza del 5,8% al 5,9% (incluyendo las ayudas a la banca). Al empeorar el punto de partida, se complica lograr la meta de 2015.
Sin ajustes adicionales en el proyecto de cuentas públicas, en 2016 el desvío presupuestario respecto a la meta pactada con la UE será mucho mayor: el déficit llegará al 3,5%, en lugar del 2,8% exigido, según la estimación de Bruselas. Precisamente 2016 es el año en el que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a corregir el déficit excesivo. Es decir, a situarlo por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España se encuentra sujeta al procedimiento sancionador de la UE por déficit excesivo desde 2009 y ya se ha beneficiado de varias prórrogas de la UE para corregirlo.
Los Presupuestos de 2016 se están tramitando en estos momentos en el Senado, cuyo pleno tiene previsto aprobarlos en la semana del 13 al 15 de octubre. La ratificación final en el Congreso está prevista para la semana del 19 al 23 de octubre.
El Ejecutivo comunitario ha mantenido intensos contactos con el ministerio de Economía durante las últimas semanas para elaborar su dictamen. Por lo que le ha comunicado el Gobierno español, no tiene ninguna esperanza de que vaya a seguir sus recomendaciones y corregir los Presupuestos. De hecho, desde el ministerio de Economía han asegurado a EL ESPAÑOL que para cumplir el objetivo de déficit de este año “no hay ningún problema”. “En cuanto al año que viene, los Presupuestos son prudentes, como en años anteriores, y siempre hemos cumplido”, añaden.
Ante esta negativa, Bruselas se prepara ya para los próximos pasos, que tiene previsto dar durante el mes de noviembre. El problema que se le plantea es que para entonces las Cámaras estarán ya disueltas y el Gobierno estará en funciones.
Dos son los escenarios que maneja Bruselas. En primer lugar, la Comisión podría pedir multas inmediatas contra España por desoír las recomendaciones de la UE. Un paso que hasta ahora no se ha atrevido a dar, ni siquiera contra Francia, pese a que amagó con ello el año pasado. La otra opción es dirigir un ultimátum al Gobierno que salta de las urnas en diciembre para que “corrija de inmediato” los Presupuestos de 2016.
La evaluación que hace Bruselas de las cuentas públicas nacionales tiene su origen en las nuevas normas de control y vigilancia presupuestaria que entraron en vigor hace dos años para mejorar la coordinación entre los países de la eurozona y prevenir futuras crisis de deuda como la que estuvo a punto de destruir la moneda única en 2012.
Según el procedimiento normal, los estados miembros tienen de plazo cada año hasta el 15 de octubre para remitir a Bruselas su proyecto de Presupuestos. La Comisión los examina y publica su opinión sobre todos ellos durante el mes de noviembre, antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales. Puede pedir cambios si considera que incumplen el Pacto de Estabilidad, aunque no tiene poder para imponerlos. Sí puede proponer sanciones para los infractores. El procedimiento se ha adelantado en el caso de España por la pretensión del Gobierno de Rajoy de aprobar los Presupuestos antes de las elecciones.
Si en 2014 Italia y sobre todo Francia fueron los peores alumnos en este ejercicio presupuestario, este año el expediente más conflictivo en Bruselas es el del presupuesto español.
Los demás partidos han criticado por electoralista la presentación temprana de los Presupuestos de 2016 por el Gobierno de Rajoy y la imposición de esas cuentas públicas al ejecutivo que salga de las urnas en diciembre. Los presupuestos prevén una subida del sueldo de los funcionarios, un aumento del gasto en pensiones y una subida de las becas, de las ayudas al cine y de las subvenciones al fomento del empleo. Además, el Ministerio de Hacienda adelantó al mes de julio de este año la rebaja del IRPF y tiene previsto devolver en los próximos meses la paga extra que se les congeló a los funcionarios en 2012.



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