Una economía sumergida que podría rondar el 20% del PIB, según los principales organismos internacionales, y los resultados de las últimas encuestas publicadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), e incluso el Eurobarómetro, evidencian la preocupación creciente por el problema del fraude fiscal en España. Máxime después de que en 2013 la Agencia Tributaria (AEAT) haya visto caer, por primera vez, su recaudación en esta materia en relación al año anterior:
un 4,9% menos, hasta 10.950 millones. Los expertos reclaman más medios humanos y materiales dedicados a labores de control y fiscalización, así como actuaciones concretas para parar el llamado fraude de carrusel en el IVA. Todas las precauciones son pocas si tenemos en cuenta que el
agujero que el fraude fiscal ha provocado en nuestros ingresos a lo largo de la última década ascendería a 71.000 millones de euros.
Son los cálculos que hace la compañía estadounidense SAS, que trabaja con Gobiernos como los de Bélgica, Suecia, Irlanda o Inglaterra en planes de control del fraude.
En declaraciones a
elEconomista, Afshin Almassi, su director de Sector Público para España, apuesta por un refuerzo de los sistemas y herramientas analíticas más avanzadas de la AEAT y del Ministerio de Empleo para identificar con mayor acierto "las bolsas más importantes de fraude fiscal y fraude en la Seguridad Social".
[h=2]Más control sobre el IVA[/h]En su opinión, habría que poner el foco en el IVA (en las devoluciones y en el fraude de carrusel), así como en los modelos de bancarrota para la gestión de la deuda, entre otros.
Almassi pone como ejemplo más evidente el fraude del
IVA carrusel, que consiste en el movimiento de mercancías por países de la Unión Europea (y en algunos casos, incluso el mero movimiento de facturas sin que existan mercancías físicas) de forma que se produce una deducción de IVA soportado en esos países, pero nunca se llega a ingresar el IVA repercutido en las operaciones de compraventa. Es por ello que
se muestra partidario de dotar de mayores medios a las Agencias Tributarias de cada país europeo para avanzar en la investigación de las bolsas de fraude que puedan existir en las operaciones intercomunitarias.
En el mismo sentido, Carlos López, socio de Fiscal de BDO Abogados, explica que el objetivo debe ser establecer bases de datos accesibles por todos los Estados miembros y potenciar el intercambio de información "de forma que estos movimientos sean detectables antes de la desaparición de los sujetos defraudadores".
[h=2]Paro y corrupción[/h]Asimismo, López ve imprescindible que la Unión Europea instaure de forma definitiva el régimen de imposición en destino en el ámbito de las transacciones intracomunitarias (dado que actualmente existe un sistema provisional de tributación en origen).
Datos similares a estos aportan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que calculan que el paro y la corrupción han aumentado en 61.000 millones el tamaño de la economía irregular a lo largo de la crisis. Habría alcanzado, así, el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones ocultos, según recoge el informe La economía sumergida pasa factura, dirigido por el profesor Jordi Sardà.
El estudio evidencia que el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones anuales desde el estallido de la crisis en 2008 (entonces, la economía sumergida representaba el 17,8 por ciento de nuestra riqueza). Estas cifras plantean otro interrogante: ¿tiene la Agencia Tributaria medios suficientes para combatirlas?
[h=2]Más medios humanos[/h]Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reclaman al Gobierno que dote a la AEAT de más medios humanos y materiales y no son los únicos que aprecian estas carencias. Las encuestas publicadas los últimos meses por el CIS revelan que el 75,6% de los ciudadanos cree que la Administración debería dedicar más recursos a luchar contra el fraude y que el 73,3% opina que desde el sector público se hacen "pocos" o "muy pocos" esfuerzos al respecto.
Los inspectores observan, además, deficiencias en el actual modelo de control del fraude, en función del tipo de rentas o contribuyentes: entienden que se somete a una vigilancia exhaustiva a las rentas derivadas del trabajo y del capital mobiliario y, en cambio, existen graves deficiencias en el seguimiento de las rentas derivadas de actividades económicas en general, y de los grandes grupos económicos y el fraude sofisticado, en particular.
Recientemente, la Comisión Europea publicó un documento sobre la corrupción en los 28 estados miembro, donde advertía a España sobre el escaso control al que están sujetas las autonomías y corporaciones locales cuando ejecutan gasto público, y hacía una serie de recomendaciones a nuestro país.
Éstas pasan por intensificar el control sobre la financiación de los partidos políticos (supervisión de los préstamos, consolidación de cuentas, régimen de sanciones); por desarrollar un programa específico de control sobre las entidades locales y códigos éticos que afectarán a todos los cargos electos; o por verificar los datos de patrimonio, entre otras medidas.
