Los expertos de Legalitas explican que el hecho de que decida el Pleno de Magistrados de la Sala supone que la próxima sentencia será clave, ya que unificaría la jurisprudencia y despejaría todas las dudas que se suscitan ahora. Estos son los diferentes escenarios posibles y a los que tendrían que acogerse los ciudadanos para reclamar:
1. Si no hubiese retroactividad. El banco deberá pagar el impuesto de actos jurídicos documentados a partir de la fecha de la sentencia y no antes. En consecuencia, los titulares de las hipotecas no podrán reclamar por escrituras anteriores.
De hecho, el art.73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dice "Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiere la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente".
2. Y si hubiese retroactividad. Este escenario sería un palo para el sector financiero, ya que abriría la puerta a reclamar a Hacienda en cuatro años y judicialmente a los bancos sin plazo, mediante la acción de nulidad.
3. Se podrá reclamar sólo a Hacienda y no a los bancos en un plazo de cuatro años. El impuesto se podría reclamar exclusivamente a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente, a través de una solicitud de devolución de ingresos indebidos. Posteriormente Hacienda reclamaría a las entidades.
4. El impuesto lo debe pagar el prestatario. Esta contradictoria decisión supondría un cambio radical de criterio en relación con los últimos fundamentos expuestos por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el prestatario tendría que seguir haciéndose cargo del abono del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
5. Otros expertos no descartan que ante la discrepancia de la Sala Civil y Contenciosa, acabe el asunto en la Sala de Conflictos de Jurisdicción. O quizás, el caso vaya al Tribunal de Justicia europeo.
