ACIENDA HABÍA INCUMPLIDO LA REFORMA PACTADA [h=1]La CNMC intenta probar que Iberdrola disparó la luz como represalia al Gobierno[/h]
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (Reuters)José Antonio NavasTwitter de José Antonio NavasJosé Antonio NavasEnviar correo a José Antonio Navas6AA
La supuesta manipulación de precios que la CNMC investiga en Iberdrola se fundamenta con un claro objetivo: demostrar que la empresa actuó por
despecho y en señal de represalia por los incumplimientos del Gobierno a la hora de asumir una parte del déficit de tarifa vía Presupuestos del Estado.
El expediente incoado la pasada semana tiene, en consecuencia, una
clara motivación política y no sólo va a cuestionar la conducta de la compañía eléctrica sino que, sobre todo,
va a poner a prueba la independencia del llamado supervisor mayor del Reino.
La investigación sobre Iberdrola se ha convertido en
la gran reválida de la CNMC, una entidad que lleva grabado en la piel el sello de su autonomía orgánica y funcional,
tal y como se destaca en el mismo frontispicio del organismo regulador en internet. La situación es ahora especialmente compleja porque la
batalla de influencias que mantienen Iberdrola y el Ministerio de Industria impide cerrar el expediente sin dejar un claro y peligroso saldo de vencedores y vencidos. El empate técnico no va a satisfacer a nadie y esta vez, como en las grandes finales, sólo uno puede ganar el desafío.
La CNMC ha tratado de abordar el polémico encargo del Gobierno invocando la antigua
Ley del Sector Eléctrico, que confiere al regulador
atribuciones mucho más limitadas que las derivadas del texto normativo actualizado a finales de diciembre pasado. El instructor del expediente se ha agarrado al argumento de la fecha en la que tuvieron lugar los hechos investigados para abordar una investigación que, en el peor de los casos, se resolverá con una
sanción de 30 millones de euros para Iberdrola.
El problema para la empresa eléctrica, más allá de la cuantía final de la multa, reside en el
quebranto de su reputación social y corporativa. Iberdrola puede quedar marcada para los restos con la ‘letra escarlata’ de lo que se entiende legalmente como una manipulación fraudulenta, lo que supondría un
comportamiento reprobable que puede hacer mucho daño en la actividad mercantil de una
compañía de naturaleza privada pero responsable de un servicio público dentro de un mercado regulado.
El Gobierno está dispuesto a poner contra las cuerdas al presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, en su papel de primer ejecutivo plenipotenciario de la compañía y la CNMC ha tratado de sacudirse el polvo de las sandalias con
una investigación de cara a la galería, pero de consecuencias imprevistas dado el cariz de los acontecimientos. Según ha podido constatar
El Confidencial en fuentes oficiales de toda solvencia, el organismo regulador parte de una premisa que relaciona el salto de los precios de la electricidad con
la decisión del Ministerio de Hacienda de reventar la reforma eléctrica anunciada por el Ministerio de Industria.Crónica de un esperpentoLa secuencia de los hechos que analiza la CNMC pone de manifiesto las sospechas que alientan el proceso de la investigación. Fue
el jueves 28 de noviembre cuando las empresas conocieron oficialmente que el Gobierno había dado marcha atrás en los compromisos adoptados meses atrás para asumir una parte del déficit de tarifa eléctrica. El ministro
Soria convocó ese día a los principales ejecutivos del sector para comunicarles que las restricciones presupuestarias impuestas por
Cristóbal Montoro imposibilitaban la financiación estatal de hasta un total de
3.600 millones de euros que deberían ser cargados contra el propio sistema eléctrico.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)Los responsables de Industria se ofrecieron a buscar alternativas que facilitasen la titulización de la nueva deuda, pero las compañías corrieron raudas a protestar ante el propio ministro de Hacienda. La conclusión fue que
sólo cuatro días después, el 2 de diciembre, los precios de la electricidad empezaron a dispararse de manera alarmante en el mercado mayorista, provocando
la llamada ‘ciclogénesis explosiva’ que dio lugar al escándalo de la subasta eléctrica del 19 de diciembre.
El presidente,
Mariano Rajoy, intervino directamente para evitar
el tarifazo del 11% que se anunció en el recibo de la luz de finales de año, pero
el Gobierno quedó en evidencia ante la comunidad financiera y los analistas internacionales del mercado energético. De ahí el intento de
buscar alguna cabeza de turco que justifique el esperpento. La CNMC dispone de
18 meses para encontrarla, pero debe darse prisa porque la sombra de la duda se cierne ahora sobre su capacidad regulatoria y, como dice el dicho, quien se mete a redentor, aunque sea por obligación, suele terminar crucificado.
Ya lo sabíamos, ya sabemos quien eran los que manipulaban, pero los Gobiernos Egggpañoles miraban para otro lado.
