[h=1]El juez Enrique López dimite tras ser pillado en moto sin casco y ebrio[/h] [h=2]El magistrado se había saltado un semáforo en rojo y cuadruplicó la tasa de alcoholemia[/h]
F. Javier Barroso /
Fernando J. Pérez Madrid
1 JUN 2014 - 21:14 CET2738 [h=4]Archivado en:[/h]
El magistrado Enrique López, en una foto de archivo. / uly martín
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La carrera del
magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López se truncó este domingo a las 7.30 en un semáforo rojo del centro de Madrid. El juez, de 51 años, anunció a última hora de la tarde su dimisión en el tribunal de garantías tras ser sorprendido por la policía a lomos de su motocicleta sin casco y con una tasa de alcoholemia cuatro veces superior al máximo legal.
[h=4]más información[/h]
López,
muy próximo al PP, a cuya sombra ha prosperado en la judicatura, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana. En esa esquina estaba apostado el coche patrulla Z-53 de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Chamartín, cuyos agentes, tras advertir la doble infracción vial, salieron detrás del magistrado y le dieron el alto. Nada más apearse de la moto, López dio muestras evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol.
Los policías nacionales, que no tienen competencias en materia de tráfico, reclamaron inmediatamente la presencia de una patrulla de la Policía Municipal. Un equipo de atestados de este cuerpo de seguridad realizó siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este “cortaba el soplido sin motivo aparente”. Los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test, informa Efe. El primer examen arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro. Una segunda prueba de contraste, 18 minutos más tarde, ofreció un resultado inferior, pero también ilegal: 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire.
Los hechos van más allá de una mera infracción administrativa. El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que “que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro”.
"Reconozco los hechos y asumo las consecuencias que tienen", afirmó tras conocerse la noticia
López no fue detenido por este supuesto delito contra la seguridad vial, que será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del magistrado. López pudo marcharse a su casa tras someterse a las pruebas de alcoholemia aunque su motocicleta quedó precintada ante la imposibilidad de que el miembro del Constitucional la condujera.
La noticia, adelantada por el diario Abc, se conoció a última hora de la mañana. En declaraciones a la agencia Efe, apenas seis horas después de ser interceptado por la policía, el magistrado López manifestó: “Reconozco los hechos y asumo las consecuencias que tienen”. Y añadió: “Hay circunstancias personales que podrían justificarlos pero que no vienen al caso”. A última hora de la tarde, López confirmó su intención de presentar hoy la
dimisión ante el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos.
Tras el incidente, López, uno de los miembros más marcadamente políticos de la judicatura española, se quedó solo. El PP, que en los últimos años ha visto a varios de sus líderes, como
Esperanza Aguirre,
Miguel Ángel Rodríguez o
Ignacio Uriarte, implicados en sucesos de seguridad vial, guardó silencio sobre el caso de López, a quien el Gobierno colocó en el Tribunal Constitucional en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE en el Congreso y el Senado. El propio Tribunal Constitucional evitó ayer pronunciarse sobre la conducta del magistrado, que consideró un “asunto privado”.
La salida de López no variará las relaciones de fuerzas entre el sector conservador y el progresista del Constitucional. En el pleno seguirá habiendo seis magistrados conservadores —además del voto de calidad de Pérez de los Cobos— y cinco progresistas. Además, el recambio del magistrado le corresponde directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
