el dinero del fraude no será devuelto[h=1]La Junta dilata su investigación de los cursos hasta que las infracciones hayan prescrito[/h]
Susana Díaz, en el congreso extraordinario del PSOE (Efe)José María OlmoTwitter de José María OlmoJosé María OlmoEnviar correo a José María Olmo38AA
El papel del Ejecutivo de
Susana Díaz en la gestión del fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores está cada vez más en entredicho. La presidenta de la Junta mantiene, desde que trascendieron los
primeros datos sobre la operación Edu el pasado abril, que su Gobierno ha iniciado una investigación para detectar irregularidades en los 8.505 expedientes de concesión de estas subvenciones tramitados por la propia Administración andaluza entre 2007 y 2011. Sin embargo, el calendario que ha fijado el Ejecutivo autonómico socialista va a permitir que
los fondos que otorgó fraudulentamente nunca regresen al erario público, según fuentes cercanas a la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía consultadas por este diario.
La supuesta revisión interna de la Junta está siendo coordinada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Luciano Alonso, máximo responsable de los fondos para la formación de trabajadores desde que en abril de 2013 esta línea de ayudas fue estratégicamente desplazada desde la Consejería de Empleo a esa otra cartera. Alonso ha detallado que las 62 personas contratadas para analizar una por una las subvenciones sólo habrán supervisado el 30% de los expedientes al término de 2014 y que los trabajos
no estarán completamente concluidos hasta finales de 2015. Mientras tanto, la Junta no ofrecerá ningún dato sobre la evolución de las pesquisas aduciendo que no quiere provocar efectos negativos en las empresas del sector de la formación.
Pero los resultados de la investigación tampoco tendrán efectos cuando ya sean firmes. En teoría, el propósito de la revisión de los expedientes es exigir el reingreso de todas aquellas ayudas para cursos que presenten irregularidades. “Lo importante es que
no renunciamos a ninguna cantidad de dinero que haya sido mal utilizada o no utilizada para la formación”, declaró Alonso el pasado 5 de agosto tras la
detención del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, el primer alto cargo que cae en la operación Edu. “Es importante que los andaluces tengan claro que los expedientes se mirarán uno a uno para que no haya excepciones”.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso (Efe)
No está tan claro. Fuentes cercanas a la investigación de la UDEF afirman que la decisión del Ejecutivo socialista de dilatar al menos hasta finales de 2015 la revisión de las ayudas va a provocar que
prescriban todas las infracciones que se detecten durante ese presunto proceso de fiscalización. Es decir, que la investigación diseñada por el PSOE-A para mostrar su supuesta contundencia contra la corrupción no sirve en realidad para nada.
Cuatro años de plazoLas fuentes de la investigación consultadas señalan que las fechas que maneja la Junta
coinciden intencionadamente con los plazos de prescripción de la
Ley General de Subvenciones 38/2003, a la que están sujetas las ayudas de los cursos. Según esa norma, las Administraciones sólo puede reclamar la devolución de subvenciones en los cuatro años siguientes a la concesión. El plazo se interrumpe si se notifica al beneficiario que se ha iniciado un expediente de reintegro contra él por alguna irregularidad. A partir de ese momento, las entidades públicas tienen otros 12 meses para reclamar el dinero. Pero si no se completa el trámite en ese tiempo, el expediente de reintegro caduca y la interrupción de la prescripción pierde su efecto.
Aplicados al caso Edu, esos plazos suponen que, cuando la Junta haya concluido su investigación interna a finales de 2015,
ya habrán prescrito las infracciones de casi todos los expedientes del periodo 2007-2011 que teóricamente están siendo revisados. Aunque la Consejería de Educación compruebe que parte de esas ayudas se concedió de forma irregular, los fondos no podrán ser reclamados a las empresas, fundaciones, sindicatos y patronales que los recibieron. La prescripción podría interrumpirse en el caso de las convocatorias que ya han sido inspeccionadas, pero Alonso ha adelantado que la Junta no tomará ninguna medida hasta que haya concluido la revisión al completo de todos los expedientes.
Registro policial en el marco de la operación Edu (Efe)
Incluso en el caso de que la Junta iniciara esos trámites de devolución, las probabilidades de que se produjera el reintegro serían prácticamente nulas. Hasta ahora, la Junta ha zanjado las escasas reclamaciones de ayudas que ha puesto en marcha con una simple notificación al supuesto domicilio del beneficiario. Basta con que ese domicilio ya no sea el del adjudicatario para que el proceso rebase los 12 meses que fija la ley para los trámites de reintegro y, por tanto, la devolución entre en vía muerta.
La vía penal Las mismas fuentes apuntan que la Junta aún podría reclamar el reintegro de las ayudas fraudulentas en la jurisdicción penal, donde el plazo de prescripción es mayor. La restitución de las subvenciones puede exigirse por ese otro cauce hasta que prescriban los delitos que habrían concurrido en la malversación de los fondos. Por ejemplo, en el caso de que se produzca una condena por estafa, la devolución de la ayuda podría exigirse durante los 10 años siguientes a la infracción. Pero la legislación obliga a que se inicie un procedimiento penal dirigido individualmente contra cada uno de los beneficiarios irregulares, y hasta ahora
la Junta ni siquiera ha tomado medidas judiciales contra el medio centenar de empresarios que ya ha sido imputado por su presunta implicación en el caso Edu.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado también podrían evitar la prescripción de la vía administrativa presentando igualmente denuncias individuales contra todos los empresarios que se beneficiaron del fraude, pero esa posibilidad ha sido completamente descartada por los investigadores y el Ministerio Público por el
enorme atasco judicial que provocaría un procedimiento penal de esta dimensión. Se estima que los 8.505 expedientes del periodo 2007-2011 terminaron en las cuentas bancarias de un millar de sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones distintas.
Por ahora, sólo estaría garantizada la devolución del dinero concedido a través de los expedientes en los que se está centrando la UDEF y que ya han permitido la apertura de procedimientos en juzgados de las ocho provincias andaluzas. Los agentes son ambiciosos y sus investigaciones avanzan a buen ritmo, pero las limitaciones en medios humanos y materiales van a obligarlos a restringir el alcance del caso. En la provincia de Málaga, por ejemplo, las primeras actuaciones de la operación Edu han girado
en torno a un único expediente de ayudas que apenas asciende a 1,7 millones de euros, una ínfima parte de los más de 2.000 millones en ayudas para formación que los diferentes Ejecutivos socialistas de la Junta habrían gestionado en el periodo 2007-2013. La supuesta investigación interna anunciada ahora por el Gobierno de Susana Díaz va camino de provocar que ese dinero siga en los mismos bolsillos a los que fue transferido.
