La Guardia Civil está registrando desde primera hora de la mañana la sede central de Adif, en Madrid, en busca de indicios sobre una presunta malversación de fondos públicos en las obras del AVE a su paso por Barcelona. Por orden judicial, los agentes tienen previsto practicar una decena de detenciones de trabajadores y responsables del administrador ferroviario y de la empresa Corsan, que supuestamente cobró sobreprecios por las obras y que también está siendo inspeccionada. La
Operación Yogui se desarrolla de forma simultánea en Madrid y Barcelona, han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación.
El caso está bajo secreto de sumario. Uno de los investigados es un jefe de las obras que Adif adjudicó
en torno a la nueva estación barcelonesa de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona. Según esas mismas fuentes, es un ingeniero que certificó obras de Corsan por un valor ficticio, muy superior a los trabajos que efectivamente ejecutó la compañía.
La cantidad malversada podría situarse, según las mismas fuentes, en torno a los seis millones de euros, aunque la causa está aún en su fase inicial. Los investigadores creen que la empresa contratista resultó beneficiada gracias a ese operativo, pero aún no han averiguado si los responsables de Adif recibieron, a cambio de permitir el fraude, dinero o dádivas. La única contrapartida de la que, hasta ahora, se tiene constancia, apunta al principal implicado. Corsan pagó al jefe de obras y a su familia, presuntamente, un viaje de placer a las pistas de esquí de Aspen, en Colorado (Estados Unidos).
Los implicados de Adif y Corsan actuaron “en connivencia” para cuadrar presupuestos inflados y sobreprecios, según fuentes de la investigación. El jefe de obras certificó, por ejemplo, que en un solo día se ejecutaron movimientos de tierras que, dado su volumen, solo podían haberse finalizado en un periodo de tiempo mucho más amplio. De ahí que, además de la malversación de fondos públicos, se atribuya a ese y otros detenidos el delito de falsedad documental.
En marzo de 2008, Corsan-Corviam resultó ganadora de un concurso público que adjudicó las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de la Sagrera —que se convertirá en la mayor de Barcelona, por encima de Sants— y el nudo de la Trinidad. El presupuesto base de licitación de esos trabajos, según el BOE, era de 98,6 millones de euros. La adjudicación, sin embargo, fue a parar a manos del contratista por un importe de 67,9 millones.
Desde 2004, Corsan está integrada en Isolux-Corsan, una empresa que el año pasado generó ingresos por 3.200 millones de euros. Su principal actividad es la construcción de carreteras, aeropuertos y ferrocarriles. Según la información que consta en su web, ha participado “en la ejecución de todas las líneas de alta velocidad” que están en servicio en España.
La
Operación Yogui nació hace más de un año a raíz de las revelaciones de un empresario de la competencia, que denunció un cúmulo de irregularidades en la gestión de las obras del AVE en Barcelona. La Fiscalía Anticorrupción tiró del hilo e interpuso una querella. La titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía —que también investiga el caso ITV, en el que está implicado el diputado de CiU Oriol Pujol Ferrusola— acordó la intervención de diversos números de teléfono. Las conversaciones entre los implicados han permitido ratificar las sospechas que la Guardia Civil ya había encontrado en el análisis de la documentación.
