Estados Unidos tuvo un papel decisivo en la crisis de Bankia. Ahora que se cumplen dos años
de la intervención, el 7 de mayo de 2012, afloran detalles inéditos que explican los movimientos del
Gobierno para atajar la gran quiebra de Bankia, que, como afirmó el presidente Mariano Rajoy, “estuvo a punto de tumbar a España”. La intervención de EE UU, cuya economía se vio afectada por la crisis del euro, desbloqueó la parálisis del Gobierno español. El Ejecutivo estaba maniatado por el temor a las consecuencias que podía tener la intervención de Bankia y, sobre todo, el descabezamiento de la cúpula de Rodrigo Rato. Se perdió un tiempo precioso que encareció su nacionalización, según coinciden expertos consultados.
El presidente del Gobierno, cuentan sus allegados, no fue consciente de la magnitud del problema de la entidad madrileña/valenciana hasta unas semanas antes de su debacle. La tradicional lentitud de Rajoy en tomar decisiones (que él mismo admite en público) desesperó a la comunidad internacional, que tenía las luces rojas encendidas. Se acercaba el noviembre electoral de 2012 en Estados Unidos. Obama veía que la titubeante economía podía ser un problema para su reeleción. “Bankia terminó por convertirse en el problema no resuelto del sector financiero y, por ende, de toda la economía española. Fue, aquel primer semestre de 2012, el centro de todas las conversaciones en el mundo financiero de Europa y de Estados Unidos”, comenta un ejecutivo bancario que pide el anonimato.
En medio de aquellos días de tensión, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, telefoneó hasta en cinco ocasiones al ministro de Economía, Luis de Guindos, según fuentes cercanas al Gobierno, para reclamarle una urgente solución. “Pide el dinero que sea necesario. El Fondo Monetario Internacional te lo va a conceder, pero es necesario solucionar ya el problema de Bankia”, dicen estas fuentes que declaró el político norteamericano. Otros países también presionaron al ministro en las reuniones del G-20, del Eurogrupo y desde el BCE. En abril se vivieron momentos muy tensos: el Tesoro no se financiaba, los bancos tenían cortada la liquidez en los mercados y los analistas apostaban por la fecha de caída de España… El nerviosismo (y quizá otros intereses) provocó que los competidores de Bankia, sobre todo el BBVA (aunque no solo él), gritaran a los cuatro vientos los problemas de Bankia, lo que agravó la situación, pero pudo acelerar la solución. Tras la intervención de Bankia, Europa tomó el control de la economía y forzó la constitución de un banco malo y el uso del dinero de los contribuyentes para soportar los agujeros de capital de las antiguas cajas, algo que negó Rajoy antes de llegar a La Moncloa.
Personas que estuvieron en la operación y que piden el anonimato, admiten que “la solución de Bankia se retrasó varios meses más de lo aconsejable, lo que encareció la solución”. Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y uno de los mayores expertos en el mercado financiero, coincide: “No solo en Bankia, sino en más entidades, se cometió el error de no reconocer a tiempo que había un problema de solvencia. Otros países inyectaron más capital público y mucho antes, desde 2008, lo que les ha posibilitado salir antes de la crisis. Se debió cambiar a los gestores en junio de 2010, cuando el Estado inyectó los primeros 4.465 millones para recapitalizarla. La gran mayoría del consejo de BFA y de Bankia eran políticos y los problemas llegaron por la mala gestión y el exceso de crecimiento del crédito del ladrillo. Se intervino tarde”.
Aquella primera inyección de 4.465 millones se realizó con el apoyo de Europa, del Banco de España y con Zapatero en el poder, que no cuestionó el mandato de Rato. Para Rajoy, en 2012, relevar al presidente era una decisión difícil porque suponía acabar con uno de los nuestros, alguien que estuvo a punto de ser el candidato del PP a La Moncloa hasta que Aznar le dejó de lado. Para Guindos, significaba matar a su exjefe, ya que estuvo a sus órdenes cuando ocupó la secretaria de Estado de Economía hasta 2004, aunque no mantenía relaciones idílicas. Para el Gobierno, propiciar el final de Rato suponía finiquitar al posible recambio de Rajoy en el PP si la economía tumbaba al presidente. Además, se corría el riesgo de que los barones del partido no entendieran este jaque mate a una figura tan relevante en el PP.
Quizá por eso, todos se empeñan en asegurar que no son responsables de su dimisión. Guindos, en sus declaraciones ante el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Bankia, insistió en que él no echó a Rato. Admite que los días previos a que todo saltara por los aires,
el fin de semana del 4 y el 6 de mayo de 2012, mantuvo dos reuniones (que algunos califican de encerronas), con el responsable de Bankia y con Emilio Botín, Francisco González, e Isidro Fainé, presidentes del Santander, BBVA y CaixaBank respectivamente.
Los banqueros no creyeron las cifras de Rato, pero dijeron no saber por qué dimitió. “La salida del presidente de Bankia fue absolutamente personal y voluntaria”, declaró el ministro.
Sin embargo,
el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, negó esta versión: “Ese fin de semana yo no sé lo que pasó. El ministerio toma… hace lo que sea y acaba con la dimisión de Rato. Hasta ese momento, el Banco de España y el Ministerio estaban al alimón. El ministro ni me preguntó ni me informó de lo que iba a hacer ese fin de semana”. El exsubgobernador, Javier Aríztegui, ratificó ante el juez que en mayo “las autoridades económicas” asumieron el protagonismo en Bankia y “el supervisor dejó de tener el control de la crisis”. Ni Aríztegui ni Ordóñez estaban en Madrid cuando Guindos se reunió con los banqueros.
¿Y qué dice Rato sobre su dimisión?
Ante el juez utilizó una expresión ambigua: “Sentí que había perdido la confianza de las autoridades para llevar adelante a Bankia”. El hecho cierto, como dice Joaquín Maudos, es que “el retraso en actuar en la crisis de Bankia agravó el problema e hizo más costosa su reestructuración”.
Pero Rajoy no tuvo alternativa. Según las fuentes consultadas, el presidente de Gobierno no movió ficha hasta que comprendió que tenía que escoger entre el rescate de Bankia o el de España, con final dramático asegurado. Ninguna solución era buena, pero la bancaria era más suave, aunque incluyera pérdida de soberanía.
Antes de echar a Rato se intentaron otras maniobras de presión. Deloitte se negó a firmar las cuentas y lo advirtió desde octubre de 2011, según declaró Francisco Celma, socio auditor de la firma, ante el juzgado. La auditora tenía graves diferencias para ratificar las cuentas del Banco Financiero y de Ahorros (BFA). BFA era el holding del grupo donde se había acumulado toda la basura inmobiliaria: 139 millones de metros cuadrados de suelo, una superficie equivalente a Gran Canarias, entre otros activos. Los supuestos beneficios de 300 millones que presentó el equipo de Rato se basaban en dos principios contables que Deloitte no aceptaba: los créditos fiscales de 3.300 millones, convertibles en capital, y la valoración de Bankia en sus libros, de 12.000 millones frente a los 2.000 millones que valía en Bolsa. Deloitte pidió un informe independiente que ratificara estas valoraciones, pero no llegó.
Rato consideró que la valoración interna que BFA tenía de Bankia y los créditos fiscales eran adecuados porque había margen de 18 años para que se recuperara la Bolsa y el mercado inmobiliario, de forma que los activos malos se convirtieran en dinero, pero no convenció a la auditora.
La segunda herramienta de presión también falló. Fue el informe del FMI del 25 de abril de 2012 en el que dijo: “Es esencial que el banco de mayor tamaño tome medidas rápidas y decisivas para fortalecer su balance y mejorar su gestión y gobierno corporativo”. En el mercado se interpretó este informe, absolutamente inusual, como un ataque directo del Gobierno contra Rato para que dimitiera. Pero resistió.
Si a alguien no sorprendió la mala situación de Bankia fue a Guindos. La prueba es que a las semanas de llegar al Gobierno, a principios de enero, declaró a
Financial Times que la banca española necesitaría 50.000 millones en capital para taponar el agujero del ladrillo. Eran cifras precisas, facilitadas por el Banco de España. “Cifrar el agujero de la banca en enero fue muy desafortunado porque el Estado no podía ponerlos y nos abocaba al rescate”, recuerda un exdirectivo de Bankia que estuvo en el equipo de Rato.
Lo cierto es que pasaron cuatro largos meses desde que el ministro dijo aquello de los 50.000 millones y la intervención de Bankia. En el medio, de todo: un nuevo decreto del Economía que exigía más provisiones a las entidades (que compolicaba más las cosas a Bankia), intrigas bancarias, movimientos desesperados de Rato buscando más fusiones(con Unicaja y Liberbank), y tres interesantes reuniones de Guindos y el expresidente del banco, a solas, en el despacho del ministro.
Pero nada detuvo el final de Rato y el de todos los consejeros de Bankia y de BFA, que dimitieron días después. Sin embargo, sus problemas no surgieron en abril o mayo de 2012, sino en enero de 2010, cuando Rato llegó a Caja Madrid. Fue consciente de la mala situación en la que Miguel Blesa había dejado la entidad tras años de alocado crecimiento en créditos al ladrillo. En febrero de 2010, Rato envió una carta a los principales directivos en la que advertía: “El ciclo económico aún no ha tocado suelo; el desempleo está afectando a gran número de nuestros clientes y las empresas se enfrentan a una reconversión difícil y costosa”. Destacó el problema de la morosidad y de la falta de capital de Caja Madrid, justo las dos grandes deficiencias que arrastraron, años después, a Bankia hasta la quiebra. Fueron muchos, incluido el supervisor, los que le recomendaron que escogiera un consejero delegado experto en banca porque él no era un gestor, pero no lo hizo hasta junio de 2011. Un grave error.
El primer intento de fusión no fue con Bancaja, sino con la CAM. En marzo de 2010 Rato recibió la llamada del subgobernador, Javier Aríztegui, para tratar una posible unión con la CAM. Sin embargo, el presidente de la entidad, Modesto Crespo, ni se presentó a la cita, según fuentes cercanas, para enorme enfado de Aríztegui. Fin de la aventura. También hubiera acabado mal.
Rato justificó su actuación diciendo que tuvo un plan de saneamiento aprobado por el Banco de España que sólo necesitaba 7.000 millones,
frente a los 22.424 millones que finalmente se inyectaron, y que la limpieza del balance era posible con un complejo traspaso de activos de la matriz BFA a Bankia. “No hubo ningún agujero ni desfase patrimonial”, aseguró.
Rato no se sintió responsable. Ante el Congreso de los Diputados, el 26 de julio de 2012, se mostró seguro de su gestión y dijo: “En conciencia, creo que he hecho bien las cosas” y “sin coste alguno para el contribuyente”, una afirmación que sorprendió a los diputados y seguro que a todos los ciudadanos, que no saben si recuperarán la fortuna colocada para levantar Bankia.
[h=2]Rato, a cobijo en tres consejos[/h]El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato (Madrid, 1949), ha vuelto, poco a poco, a ocupar cargos relacionados con los principales grupos bancarios e industriales. El 19 de marzo pasado, justo el día que cumplió 65 años y cobró 522.000 euros de fondo de pensiones de Bankia —donde cobraba 2,34 millones al año cuando era presidente— fue nombrado miembro del consejo de administración de Servihabitat, la inmobiliaria fundada por La Caixa. Según el comunicado, el nombramiento fue a propuesta del fondo estadounidense Texas Pacific Group (TPG) que tiene el 51% del capital frente al 49% que mantiene CaixaBank. No obstante, es conocida la larga amistad que une a Isidro Fainé y a Rato.
Este nombramiento llegó después de que en septiembre de 2013, el Santander le escogiera como miembro del consejo asesor internacional. Su tarea será la de colaborar aportando ideas para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de la estrategia global del banco, así como sugerir nuevas oportunidades de negocio. Rato, que ya ocupaba este puesto antes de irse a Bankia, cobrará unos 200.000 euros anuales por prestar este servicio, mediante dos reuniones anuales.
Además, el exvicepresidente de Gobierno con Aznar se incorporó en enero de 2013 a Telefónica como consejero asesor para Europa e Iberoamérica, también sin funciones ejecutivas y cobrando dietas por su asistencia a las reuniones a las que le requiriera la compañía presidida por César Alierta. Tanto con Alierta como con Emilio Botín, presidente del Santander, Rato mantiene una buena relación personal.
Para este expolítico no ha sido un obstáculo que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le hay imputado por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios.
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/10/actualidad/1399749991_401740.html
