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Magdalena Álvarez tendrá que elegir entre la función pública o una jugosa retribución europea. Y es que, según aseguran fuentes próximas al Ministerio de Hacienda, la Oficina de Conflictos de Intereses ha remitido un oficio a la exministra de Fomento en el que le advierte que su vuelta a la Administración General del Estado es incompatible con percibir una prestación del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La política andaluza, que dimitió como vicepresidenta de la institución comunitaria el pasado mes de junio en plena polémica tras su imputación por el caso de los ERE en Andalucía, ha pedido su reincorporación como inspectora de Hacienda.
Según explican estas fuentes, la decisión de la Oficina de Conflictos se basa en el Real Decreto-Ley 20/2012, aprobado en su día por el Gobierno para poner en marcha algunas de sus principales medidas en materia económica, entre ellas la reforma laboral. Además, el texto legal entra en cuestiones como las incompatibilidades. Y subraya que “las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas”.
Fuentes próximas a Magdalena Álvarez consultadas por este diario dejan claro que la exconsejera andaluza no ha efectuado ninguna consulta a Hacienda sobre este particular, e insisten en que lo único que ha hecho la política es reclamar su vuelta a la Administración. Según el procedimiento habitual, tendrá 15 días desde el momento en que se produzca la incompatibilidad para comunicar a la Oficina de Conflictos qué alternativa le resulta más beneficiosa. También cabe la posibilidad de presentar recurso ante la decisión adoptada, si bien fuentes de la Administración exponen que lo normal en estos casos es optar por una de las dos alternativas.
Según publicaba el diario El Mundo, Álvarez tendría derecho a la misma indemnización y pensión que un exvicepresidente de la Comisión Europea, véase un mínimo del 40% de su salario fijo anual, que superaba los 23.000 euros brutos al mes sin contar con la tributación comunitaria. Un porcentaje que le otorga unos 10.000 euros mensuales durante los próximos tres años, cuando cumplirá 65 años y podrá jubilarse. En ese momento, tendrá derecho a una pensión vitalicia del 4.275% de su salario fijo por cada año trabajado. Esto es, cuatro años de permanencia en el cargo, igual a unos 4.000 euros mensuales, en este caso sí compatibles con la pensión española, refiere el rotativo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
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Imputación y presionesLa exministra de Fomento dimitía de su cargo en el BEI después de que la Audiencia Provincial de Sevilla ratificara en mayo pasado su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares tramitados por la Junta de Andalucía. Fue entonces cuando el Gobierno apeló a su responsabilidad para pedirle que dejara su cargo en las instituciones comunitarias. De hecho, Álvarez desvinculó la renuncia de su situación judicial y
puso énfasis en la presión ejercida por el partido en el poder. “He dimitido porque todo tiene un límite y la maniobra de manipulación y el acoso del PP hace mella en mí, en el banco y en España”, aseguró.
Esta misma semana, Álvarez defendía su honradez y aseguraba esperar que “todo se aclare” durante una conferencia pronunciada en Sevilla por el expresidente
Felipe González. En ese foro recordaba que había pedido la reincorporación a su puesto de trabajo como inspectora de Finanzas del Estado en la Oficina Nacional de Inspección. Una decisión meditada en tanto zanjaba que, antes de volver a su viejo cometido,
se había tomado unos días “para descansar un poco”. En esta línea, remataba con convicción: “He dejado lo mejor de mí para que todo salga bien en los distintos cargos que ido teniendo”.
La Oficina de Conflictos de Intereses depende de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas y, por tanto, del departamento que encabeza
Cristóbal Montoro. Como adelantó
ABC, el Ministerio ya
reclamó en el pasado a un centenar de cargos públicos –sobre todo exdirigentes del PSOE– que tomaran
una decisión sobre el sueldo que querían percibir, en casos de doble remuneración con pensión indemnizatoria del Estado y otra remuneración pública o privada. Es más, Hacienda es también competente para ordenar los procedimientos sancionadores a los altos cargos que incumplan los principios éticos recogidos en la flamante Ley de Transparencia, que establece una veintena de obligaciones para los altos cargos de la Administración del Estado.
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